El caso Petro ha sido una
problemática capitalina desde hace tres meses en los cuales se ha logrado
evidenciar como la “justicia Colombiana” toma
un papel importante para evaluar y dar un veredicto de si se están o no
vulnerando los derechos del hoy ex-alcalde Gustavo Petro y de los ciudadanos
que depositaron en algún momento su confianza y voto en él, ejerciendo su deber
como ciudadanos de una supuesta política democrática en la cual un hombre cuya
embestidura conferida no por méritos ni elección popular, sino por sus
contactos internos (el ministro Ordoñez) es capaz de inhabilitar y destituir de
su cargo a una persona por diversos errores los cuales en un momento u otro ya
se les había dado solución, por lo mismo se puede ver que el conflicto no es
solo administrativo, es un inconveniente político, de ahí que los partidos de
derecha se han enfocado en acabar con un posible contrincante presidencial en
futuras elecciones y más en un hombre recto como lo ha demostrado ser el señor
Petro.
Por estas razones el presidente
Santos quien en un principio estableció que no tomaría partido ni de un bando
ni del otro y en determinado momento afirmo con cámaras grabando que el
acataría la decisión de la CIDH en caso de que esta tuviera la necesidad de
intervenir. Por esto es posible reafirmar que el problema no es solo administrativo
y aun con medidas cautelares y haciendo uso debido de defensa con medio
internacionales Petro junto con todas las personas que lo apoyaban o no se han
visto vulneradas a tal ataque a la democracia la cual es indignante en más de
un aspecto y como añadidura traería posibles repercusiones para el proceso de
paz que aún sigue efectuándose en la Habana.
Ahora lo importante es tener
claro si nosotros como ciudadano seguiremos permitiendo el ultraje hacia
nuestros derechos y nuestras opiniones siendo cada vez más complicado hoy tener
lo que realmente se llama democracia.
